Una envasadora clandestina de agua ubicada en el barrio Las Casas de Quito fue clausurada por el intendente General de Policía de Pichincha, Edwin Castelo, luego de recibir un informe detallado de irregularidades elaborado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia sanitaria (Arcsa), zona 9, durante un operativo de control.

El establecimiento inspeccionado, en atención a una denuncia realizada por el representante legal de una empresa de bebidas, no cumplía con las normas sanitarias  básicas para envasar y comercializar el agua que se ofrecía al consumidor. En el lugar, el líquido era tomado mediante mangueras en mal estado y directamente del grifo de agua. Además el local no contaba con permiso de funcionamiento, adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, su RUC indicaba que su actividad comercial era la de vender envases vacíos de botellones y no la de procesar agua para el consumo humano. El producto no contaba con registro sanitario.

María Dolores Campoverde, propietaria del negocio, no supo explicar por qué se llenaban botellones con logos pertenecientes a otras empresas cuyos nombres son muy conocidos en el mercado.

Lo único que la dueña adujo es que estaba tramitando el respectivo permiso y que el agua embotellada encontrada no la llenaban en su planta, sino que era comprada aparte para almacenarla y luego venderla a domicilio.

La falta de sustento para justificar sus actividades era evidente: ante la flagrante falsificación de marcas y el uso doloso de etiquetas, además del descuidado tratamiento del agua envasada, el Intendente colocó los sellos de clausura y decomisó toda la producción ahí encontrada.

Finalmente, técnicos de la zona 9 recolectaron muestras de agua que fueron enviadas para su respectivo análisis bacteriológico a fin de verificar la inocuidad o no del líquido. Y los resultados determinarán las acciones a seguir por parte de la autoridad sanitaria competente.

Este tipo de operativos coordinados para precautelar la salud de los consumidores continuarán para asegurar que la calidad de los productos de uso y consumo humano ofrecidos al público en general cumplan con los estándares de calidad y las garantías establecidos por las autoridades reguladoras.